PIB agrícola de Venezuela de 2.2% es sustentado en aumento de importaciones equivalentes al 71% del 2011
Hecho por: Nestor Borjas
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Según el Banco Central de Venezuela, BCV, el crecimiento del PIB Agrícola de 2.2& en el segundo trimestre del año, ocurre al mismo tiempo en el que la producción de alimentos cayó 9,4%. Al sumar estos dos ítems publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se obtiene un alza de 62,8% en las compras externas de estos rubros en el primer semestre de 2012, versus igual período de 2011, cuando alcanzaron 1.690 millones de kilos. Las importaciones de vegetales y productos del reino animal en los primeros seis meses del año equivalen a 71% de todas las realizadas en 2011. Las cifras del INE demuestran que en lo que va de 2012 hasta junio, se han comprado 2.753 millones de kilos de alimentos, mientras que durante todo el año 2011 se trajeron 3.897 millones de kilos netos.
La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de junio en 324.474.124 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 5.34% respecto al mes de mayo y de 56,27% respecto a junio de 2011. Este saldo representa el 46,24% del total del activo del sistema bancario nacional.Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 70.208.827 miles de bolívares al cierre de junio, lo que representa un incrementode 6,98% respecto a mayo.
La cifra que por primera vez en años muestra el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre producción agrícola ha levantado polémica.
En el segundo trimestre del año el PIB Agrícola creció 2,2%. En opinión de José Agustín Campos, presidente de Confagan, esta situación es el resultado de bajas tasas de interés en los créditos al sector y de la cartera agrícola.inShare
Aunque cree que hay tareas pendientes en vialidad y precios, Campos explica que las estadísticas de su gremio arrojan aumentos en la producción de carne y leche, entre otros.
La cifra oficial genera dudas en el diputado Hiram Gaviria. Al parlamentario le parece “una buena noticia” el crecimiento del PIB Agrícola, pero considera “extraño” un incremento de la producción y a la vez un descenso de la fabricación de alimentos, que de acuerdo con el BCV cayó 9,4% en el segundo trimestre de 2012. Pidió al Ejecutivo una aclaratoria.
“Es muy extraño un repunte en la producción de materias primas y un decrecimiento cinco veces mayor en el procesamiento agroindustrial. Hay algo que no cuadra”, indicó.
Se preguntó cuáles son los parámetros de comparación del PIB Agrícola, cuando el BCV “esconde” el indicador en el grupo “otros”, debido a su pequeño tamaño en la economía.
Recordó que el ministerio de Agricultura y Tierras dejó de publicar el valor de la producción en bolívares constantes y lo hizo sólo en volumen durante un tiempo. “Al presidente le están metiendo gato por liebre”, dijo Gaviria.
Para poder cumplir con el artículo 305 de la Constitución venezolana, o garantizar la soberanía alimentaria, se requiere la formulación y ejecución de un plan nacional agroalimentario a largo plazo.

El plan debe estar sustentado sobre grandes pilares para los 30 próximos años, de manera que se ajusten a los sexenios. La proyección del crecimiento de la población (primer pilar) es uno de los datos prioritarios para estimar la demanda de alimentos, la producción e importación requerida (variables del segundo pilar).
El tercer pilar son los énfasis de las políticas gubernamentales para impulsar la producción de rubros priorizados. El cuarto sería la infraestructura en términos de sistema de riego y vialidad agrícola. “Nosotros hemos incrementado en los últimos años de 100 a 190 metros cuadrados de área regable por habitante, aunque el promedio en América latina está por 600 metros cuadrados”, detalló Cepeda.
Las inversiones en proyectos agroindustriales y sistema de riego superan los 18 mil millones de bolívares. En vialidad se han realizado 11 mil kilómetros de caminos y carreteras, de un total de 80 mil kilómetros de los que dispone la nación, pero que fueron abandonados en los 90. “Es tan grande la deuda que el efecto positivo de la inversión realizada no es contundente. Igual pasa con el sistema eléctrico.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue como el vértice de un esquema legislativo que permitió afianzar una estructura institucional que había sido desmantelada progresivamente entre 1988 y 1998.
El modelo distorsionado que pretendía la industrialización del país en los últimos 50 años no tuvo respuestas adecuadas a la demanda de empleo de la población que venía del campo. “La agricultura se sustentaba en un grupo privilegiado que era receptor de la renta petrolera. No fue un sector que pudiéramos calificar de capitalista productivo”, recordó Cepeda.
Fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en sus artículos 305, 306 y 308, la que da rango constitucional a la agricultura. Se plantean dos conceptos correlativos: la seguridad y la soberanía alimentaria; esta última no es otra cosa que la capacidad de proveer de alimentos a la población.
La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, junto a la Ley de Tierras, sintetiza esos conceptos correlativos. “Lo que quiero significar, cuando te hablo de la Constitución, es que los cambios institucionales se inician al ser sancionada la Carta Magna”, planteó el también profesor universitario.
El Gobierno identificó dos vías en el sector agrícola, dos opciones como caminos históricos. Uno tiene que ver con el mantenimiento de las políticas expansivas del gasto público para hacer crecer la agricultura, a sabiendas de que esto depende de la volatilidad de los precios del petróleo. La otra senda no excluye la primera, pero tiene como soporte una planificación de mediano y largo plazo, formulada sobre las grandes debilidades y potenciales fortalezas del sector agroalimentario.

En los últimos 10 años se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, que pasó de 1.803 millones en 1988 a 2.330 millones de bolívares en 2010. También se observó que la superficie cosechada se incrementó de 1,6 millones de hectáreas a 2,4 millones de hectáreas, en el mismo periodo.
“Estos cambios fueron posibles al incremento de la inversión en la agricultura. Eso nadie lo puede negar, aunque eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas. Los datos concretos son que la disponibilidad de alimentos pasó de 478 kilogramos por persona/año en 1999 a 615 kilos por persona/año en 2010”, destaca el Gobierno.
Si bien es cierto que parte de este aumento del consumo tuvo que ser suplido con la importación de alimentos, es innegable que el Gobierno Bolivariano ha realizado un rescate de tierras ociosas. Se han recuperado más de 5 millones de hectáreas para incorporarlas al ciclo productivo.
El Gobierno se vio en la necesidad de nacionalizar a Agroisleña porque era un monopolio que controlaba 70% del circuito agroalimentario del país y era necesario ponerlo al servicio del pueblo mediante Agropatria.
“Si ese uso ha sido eficiente o no, debe ser objeto de un análisis objetivo”, dijo e inmediatamente argumentó, con cifras, más logros bolivarianos: “Entre 1988 y 1998 la cartera agrícola disminuyó en 92%. Es parte del desmantelamiento, como te citaba. En los últimos 10 años los créditos al sector crecieron más de 800%. La banca pública se incrementó más de 3 mil por ciento”.
Además del financiamiento para fomentar el desarrollo agrícola, las políticas del presidente de Chávez han reconstituido el parque de maquinarias dentro de los convenios binacionales que contemplan la transferencia tecnológica. “Tenemos fábricas de tractores y cosechados que pasarán de la fase de ensamblaje a la fabricación. Es uno de los principales retos”, planteó el diputado.
Venezuela también avanzó en el plan nacional de certificación de semillas y estimuló las empresas de propiedad social. Se intensificó la sanidad agrícola y se eliminó la pesca de arrastre en la nueva Ley de Pesca.
El Gobierno reconoce fallas de organización y planificación en el desarrollo de las inversiones agrícolas, las que han afectado, en parte, su efectividad. Los procesos no se han llevado de manera integrada. Se requería de una base organizativa de los productores, una oferta segura de la producción, una capacidad de procesamiento de la agroindustria y una infraestructura de distribución.
El entramado no ha funcionado a la perfección, pero hay logros. La red de distribución pública cubre 35% del total, el resto es privada. “Eso quiere decir que la mayoría de la distribución de alimentos del país está en manos del sector privado, lo cual es mentira que el Gobierno de Chávez acabó la empresa de los particulares”, insistió.
La planificación de la agricultura pasa por proyectar la oferta de alimentos para los próximos 6, 20 y 30 años. Para suplir esa demanda, el socialismo bolivariano debe ser más eficiente y productivo.
“Para lograrlo necesitamos profundizar, como ya te dije, aún más, la planificación con miras a incrementar la oferta nacional y controlar el demonio de la inflación, que en el caso venezolano es un fenómeno importado. El incremento de la producción bajará los precios, es un camino viable y para lograrlo tenemos que llamar a todos los factores nacionalistas que les preocupa el país, para que trabajemos mancomunadamente”, argumentó.
El país dispone de todos los recursos para avanzar, desde las tierras, financiamiento, la energía, agrotécnicos y, lo que es más importante, la intención política del Jefe del Estado que cree en la agricultura y hace lo humanamente posible por concienciar sobre la necesidad de desarrollar el agro.
Los bancos venezolanos considerarán cualquier programa o alternativa de crédito agrícola que resulte de las actuales negociaciones entre el Gobierno y el Banco Central, informó la agencia venezolana de noticias Venpres citando a Arístides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV).
Las declaraciones de Maza surgen tras conversaciones sostenidas entre representantes del Banco Central y del Ministerio de Finanzas a fin de encontrar una manera eficiente de canalizar fondos frescos al sector agrícola.
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está instando al Banco Central a canalizar US$1.000mn para financiar el plan nacional agrícola.
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La Cartera de Créditos Neta se ubicó al cierre del mes de junio en 324.474.124 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 5.34% respecto al mes de mayo y de 56,27% respecto a junio de 2011. Este saldo representa el 46,24% del total del activo del sistema bancario nacional.Los créditos al sector agrícola se ubicaron en 70.208.827 miles de bolívares al cierre de junio, lo que representa un incrementode 6,98% respecto a mayo.
La cifra que por primera vez en años muestra el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre producción agrícola ha levantado polémica.
En el segundo trimestre del año el PIB Agrícola creció 2,2%. En opinión de José Agustín Campos, presidente de Confagan, esta situación es el resultado de bajas tasas de interés en los créditos al sector y de la cartera agrícola.inShare
Aunque cree que hay tareas pendientes en vialidad y precios, Campos explica que las estadísticas de su gremio arrojan aumentos en la producción de carne y leche, entre otros.
La cifra oficial genera dudas en el diputado Hiram Gaviria. Al parlamentario le parece “una buena noticia” el crecimiento del PIB Agrícola, pero considera “extraño” un incremento de la producción y a la vez un descenso de la fabricación de alimentos, que de acuerdo con el BCV cayó 9,4% en el segundo trimestre de 2012. Pidió al Ejecutivo una aclaratoria.
“Es muy extraño un repunte en la producción de materias primas y un decrecimiento cinco veces mayor en el procesamiento agroindustrial. Hay algo que no cuadra”, indicó.
Se preguntó cuáles son los parámetros de comparación del PIB Agrícola, cuando el BCV “esconde” el indicador en el grupo “otros”, debido a su pequeño tamaño en la economía.
Recordó que el ministerio de Agricultura y Tierras dejó de publicar el valor de la producción en bolívares constantes y lo hizo sólo en volumen durante un tiempo. “Al presidente le están metiendo gato por liebre”, dijo Gaviria.
Para poder cumplir con el artículo 305 de la Constitución venezolana, o garantizar la soberanía alimentaria, se requiere la formulación y ejecución de un plan nacional agroalimentario a largo plazo.

El plan debe estar sustentado sobre grandes pilares para los 30 próximos años, de manera que se ajusten a los sexenios. La proyección del crecimiento de la población (primer pilar) es uno de los datos prioritarios para estimar la demanda de alimentos, la producción e importación requerida (variables del segundo pilar).
El tercer pilar son los énfasis de las políticas gubernamentales para impulsar la producción de rubros priorizados. El cuarto sería la infraestructura en términos de sistema de riego y vialidad agrícola. “Nosotros hemos incrementado en los últimos años de 100 a 190 metros cuadrados de área regable por habitante, aunque el promedio en América latina está por 600 metros cuadrados”, detalló Cepeda.
Las inversiones en proyectos agroindustriales y sistema de riego superan los 18 mil millones de bolívares. En vialidad se han realizado 11 mil kilómetros de caminos y carreteras, de un total de 80 mil kilómetros de los que dispone la nación, pero que fueron abandonados en los 90. “Es tan grande la deuda que el efecto positivo de la inversión realizada no es contundente. Igual pasa con el sistema eléctrico.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue como el vértice de un esquema legislativo que permitió afianzar una estructura institucional que había sido desmantelada progresivamente entre 1988 y 1998.
El modelo distorsionado que pretendía la industrialización del país en los últimos 50 años no tuvo respuestas adecuadas a la demanda de empleo de la población que venía del campo. “La agricultura se sustentaba en un grupo privilegiado que era receptor de la renta petrolera. No fue un sector que pudiéramos calificar de capitalista productivo”, recordó Cepeda.
Fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en sus artículos 305, 306 y 308, la que da rango constitucional a la agricultura. Se plantean dos conceptos correlativos: la seguridad y la soberanía alimentaria; esta última no es otra cosa que la capacidad de proveer de alimentos a la población.
La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, junto a la Ley de Tierras, sintetiza esos conceptos correlativos. “Lo que quiero significar, cuando te hablo de la Constitución, es que los cambios institucionales se inician al ser sancionada la Carta Magna”, planteó el también profesor universitario.
El Gobierno identificó dos vías en el sector agrícola, dos opciones como caminos históricos. Uno tiene que ver con el mantenimiento de las políticas expansivas del gasto público para hacer crecer la agricultura, a sabiendas de que esto depende de la volatilidad de los precios del petróleo. La otra senda no excluye la primera, pero tiene como soporte una planificación de mediano y largo plazo, formulada sobre las grandes debilidades y potenciales fortalezas del sector agroalimentario.

En los últimos 10 años se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, que pasó de 1.803 millones en 1988 a 2.330 millones de bolívares en 2010. También se observó que la superficie cosechada se incrementó de 1,6 millones de hectáreas a 2,4 millones de hectáreas, en el mismo periodo.
“Estos cambios fueron posibles al incremento de la inversión en la agricultura. Eso nadie lo puede negar, aunque eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas. Los datos concretos son que la disponibilidad de alimentos pasó de 478 kilogramos por persona/año en 1999 a 615 kilos por persona/año en 2010”, destaca el Gobierno.
Si bien es cierto que parte de este aumento del consumo tuvo que ser suplido con la importación de alimentos, es innegable que el Gobierno Bolivariano ha realizado un rescate de tierras ociosas. Se han recuperado más de 5 millones de hectáreas para incorporarlas al ciclo productivo.
El Gobierno se vio en la necesidad de nacionalizar a Agroisleña porque era un monopolio que controlaba 70% del circuito agroalimentario del país y era necesario ponerlo al servicio del pueblo mediante Agropatria.
“Si ese uso ha sido eficiente o no, debe ser objeto de un análisis objetivo”, dijo e inmediatamente argumentó, con cifras, más logros bolivarianos: “Entre 1988 y 1998 la cartera agrícola disminuyó en 92%. Es parte del desmantelamiento, como te citaba. En los últimos 10 años los créditos al sector crecieron más de 800%. La banca pública se incrementó más de 3 mil por ciento”.
Además del financiamiento para fomentar el desarrollo agrícola, las políticas del presidente de Chávez han reconstituido el parque de maquinarias dentro de los convenios binacionales que contemplan la transferencia tecnológica. “Tenemos fábricas de tractores y cosechados que pasarán de la fase de ensamblaje a la fabricación. Es uno de los principales retos”, planteó el diputado.

El Gobierno reconoce fallas de organización y planificación en el desarrollo de las inversiones agrícolas, las que han afectado, en parte, su efectividad. Los procesos no se han llevado de manera integrada. Se requería de una base organizativa de los productores, una oferta segura de la producción, una capacidad de procesamiento de la agroindustria y una infraestructura de distribución.
El entramado no ha funcionado a la perfección, pero hay logros. La red de distribución pública cubre 35% del total, el resto es privada. “Eso quiere decir que la mayoría de la distribución de alimentos del país está en manos del sector privado, lo cual es mentira que el Gobierno de Chávez acabó la empresa de los particulares”, insistió.
La planificación de la agricultura pasa por proyectar la oferta de alimentos para los próximos 6, 20 y 30 años. Para suplir esa demanda, el socialismo bolivariano debe ser más eficiente y productivo.
“Para lograrlo necesitamos profundizar, como ya te dije, aún más, la planificación con miras a incrementar la oferta nacional y controlar el demonio de la inflación, que en el caso venezolano es un fenómeno importado. El incremento de la producción bajará los precios, es un camino viable y para lograrlo tenemos que llamar a todos los factores nacionalistas que les preocupa el país, para que trabajemos mancomunadamente”, argumentó.
El país dispone de todos los recursos para avanzar, desde las tierras, financiamiento, la energía, agrotécnicos y, lo que es más importante, la intención política del Jefe del Estado que cree en la agricultura y hace lo humanamente posible por concienciar sobre la necesidad de desarrollar el agro.
Los bancos venezolanos considerarán cualquier programa o alternativa de crédito agrícola que resulte de las actuales negociaciones entre el Gobierno y el Banco Central, informó la agencia venezolana de noticias Venpres citando a Arístides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV).
Las declaraciones de Maza surgen tras conversaciones sostenidas entre representantes del Banco Central y del Ministerio de Finanzas a fin de encontrar una manera eficiente de canalizar fondos frescos al sector agrícola.
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está instando al Banco Central a canalizar US$1.000mn para financiar el plan nacional agrícola.
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